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Incorporar una infraestructura de recarga para vehículos eléctricos durante una reforma se ha convertido en una decisión estratégica que va mucho más allá de instalar un simple cargador en la pared. Tanto si hablamos de una comunidad de vecinos que quiere modernizar su garaje como de una empresa que necesita electrificar su flota, planificar correctamente esta dotación evita sobrecostes, facilita la convivencia y revaloriza el inmueble de cara a un mercado cada vez más orientado hacia la movilidad sostenible.
En este artículo recorremos los requisitos normativos que afectan a las reformas, las soluciones técnicas más recomendables para comunidades y empresas, y las claves para diseñar una instalación escalable que cubra las necesidades presentes sin hipotecar las futuras ampliaciones.
Cualquier proyecto de recarga vinculado a una reforma debe alinearse con la Instrucción Técnica Complementaria ITC‑BT 52, integrada en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Esta instrucción regula las condiciones técnicas que deben cumplir las instalaciones destinadas a la recarga de vehículos eléctricos, tanto en edificios de nueva construcción como en intervenciones sobre inmuebles existentes.
Desde la publicación de la Guía de aplicación de la ITC‑BT 52, proyectistas e instaladores disponen de un documento que aclara aspectos prácticos como la selección de sistemas de conducción de cables, los dispositivos de protección diferencial adecuados o las características de los conectores. Esta guía ha resultado fundamental para homogeneizar criterios y dar seguridad jurídica a las empresas instaladoras, sobre todo en el contexto de reformas donde conviven elementos antiguos con nuevas exigencias técnicas.
La guía detalla cómo ejecutar las canalizaciones eléctricas en garajes existentes sin que ello suponga una barrera técnica insalvable. Por ejemplo, indica las distancias mínimas de seguridad, los grados de protección IP necesarios en entornos húmedos o polvorientos y la manera correcta de dimensionar los interruptores diferenciales considerando las corrientes de fuga que pueden aparecer durante la recarga.
Además, aclara las diferencias entre una preinstalación (canalización vacía lista para alojar cables en el futuro) y una instalación completa con estación de recarga operativa. Esta distinción es esencial a la hora de planificar reformas por fases, porque permite a las comunidades y empresas dejar preparada la infraestructura sin tener que ejecutar toda la inversión de una sola vez.
La modificación del CTE ha introducido requisitos concretos para las intervenciones en edificios existentes. En las reformas que afecten a la envolvente térmica o a las instalaciones eléctricas de un garaje, se debe prever una dotación mínima de infraestructura de recarga, proporcional al número de plazas y al uso del edificio.
Estas exigencias ya no son una recomendación sino un mandato que los ayuntamientos revisan durante la tramitación de licencias. Por tanto, cualquier reforma que incluya una actualización del garaje debe incorporar, como mínimo, la canalización principal y las protecciones necesarias para que los futuros puntos de recarga se puedan acoplar sin realizar nuevas obras de albañilería.
Las reglas cambian significativamente en función de la titularidad y el uso del aparcamiento. A continuación se resumen las exigencias más relevantes que un proyecto de reforma debe satisfacer hoy en día.
Estos valores representan el mínimo legal. En la práctica, muchas comunidades y empresas optan por superar ligeramente los porcentajes exigidos, ya que el sobrecoste inicial es reducido y evita tener que reabrir canalizaciones en pocos años.
En una comunidad de propietarios la reforma del garaje suele ser el momento idóneo para desplegar la infraestructura de recarga. La obligación de prever el 100 % de las plazas no implica instalar todos los puntos de recarga de inmediato, sino tender una red de bandejas, tubos y cuadros de protección que permitan a cada vecino conectar su cargador sin afectar al resto.
Esta estrategia escalonada reduce la inversión inicial comunitaria y desplaza el coste del punto de recarga individual al vecino que decide instalar su equipo en un momento posterior. Además, los acuerdos en junta suelen ser más fáciles de alcanzar cuando se presenta un proyecto integral que beneficia a todo el edificio, incluso a quienes aún no tienen coche eléctrico, porque la edificabilidad se revaloriza.
Para oficinas, naves industriales o centros comerciales que afrontan una reforma, la normativa marca un porcentaje mínimo de plazas preparadas. Sin embargo, el ritmo real de adopción del vehículo eléctrico en flotas comerciales aconseja superar esa base mínima desde el primer momento, sobre todo si la empresa ya cuenta o prevé contar con furgonetas o coches de empresa eléctricos.
En el caso de los aparcamientos públicos, la exigencia de una estación por cada 40 plazas supone un punto de partida que muchas concesiones municipales están revisando al alza. La reforma de estos espacios debe incluir, además de los propios cargadores, sistemas de gestión de colas, control de acceso y un reparto de potencia que no penalice a otros consumos del edificio.
Uno de los errores más frecuentes en las reformas es limitarse a pasar un único cable desde el cuadro de un vecino hasta su plaza. Esa visión cortoplacista genera problemas serios cuando el segundo, el tercero o el décimo vecino quieren su punto de recarga: el garaje se llena de trazados desordenados, se sobrecargan líneas y se incumplen distancias de seguridad.
La alternativa profesional es diseñar una infraestructura común de recarga que parte de un nuevo cuadro eléctrico específico, recorre el garaje mediante bandejas o tubos principales y deja derivaciones estancas junto a cada plaza. De este modo, el alta de un nuevo usuario se reduce a montar el cargador y conectarlo al punto de acometida más cercano, sin necesidad de obra civil adicional.
La escalabilidad se ha convertido en el criterio rector de cualquier proyecto de recarga bien planteado. Una red de bandejas metálicas dimensionada desde el principio para albergar todos los cables futuros, un sistema de protección general que permita añadir nuevas salidas sin cambiar los interruptores aguas arriba y una topología que evite interferencias electromagnéticas son los pilares de una instalación duradera.
Además, este enfoque facilita la incorporación de sistemas de gestión de la potencia. Cuando varios vehículos cargan a la vez, un controlador puede repartir dinámicamente la potencia disponible, evitando que salte el interruptor general de la comunidad o se disparen los costes fijos de la factura eléctrica del edificio.
Los gestores dinámicos de carga permiten aprovechar al máximo la potencia contratada por la comunidad. Mientras la potencia consumida por los servicios comunes (ascensores, iluminación, bombas de agua) es baja, el sistema asigna más energía a los vehículos que están cargando. Si esos consumos aumentan, la potencia destinada a la recarga se reduce automáticamente para evitar excesos de potencia.
Este tipo de control no solo protege la instalación, sino que permite a cada vecino pagar exactamente la energía que consume, gracias a contadores individuales o sistemas de telemedida integrados en los propios cargadores. La combinación de infraestructura común y gestión inteligente resuelve los dos grandes temores de las comunidades: los cortes de luz y las disputas sobre el reparto de gastos.
Cuando hablamos de empresas, la recarga eléctrica deja de ser una comodidad doméstica para convertirse en una herramienta de producción. Una flota de furgonetas de reparto, vehículos comerciales o coches de empresa necesita puntos de recarga fiables, rápidos y con una disponibilidad predecible cada mañana.
En estos casos, durante la reforma conviene prever una potencia suficiente para instalar cargadores de mayor capacidad (22 kW o incluso carga rápida en corriente continua), así como un sistema de gestión centralizado que permita asignar prioridades, programar recargas en horarios valle y generar informes de consumo por vehículo o por conductor. La integración con sistemas de gestión de flotas o con plataformas de energía renovable suma puntos de cara a las memorias de sostenibilidad corporativa.
También es recomendable que la instalación de la empresa contemple la posibilidad de ofrecer recarga a visitas o empleados con vehículo eléctrico particular, lo que mejora la imagen de marca y, en algunos casos, puede acogerse a deducciones fiscales vinculadas a la movilidad sostenible.
Las administraciones mantienen abiertas líneas de ayuda que pueden cubrir una parte importante del coste de la infraestructura de recarga, siempre que el proyecto cumpla ciertos requisitos técnicos y se tramite dentro de los plazos establecidos. El Plan Moves III, por ejemplo, ha financiado tanto instalaciones en comunidades de vecinos como en empresas, y es previsible que sus sucesores mantengan un esquema similar.
Para no perder la oportunidad, conviene que un equipo especializado revise la convocatoria autonómica vigente antes de comenzar la reforma. Aspectos como la potencia mínima de los cargadores, el uso de energías renovables para alimentarlos o la obligación de instalar sistemas de control pueden marcar la diferencia entre obtener la subvención o quedarse fuera.
Si no tienes conocimientos técnicos, quédate con estas ideas esenciales. Cualquier reforma que toque el garaje de una comunidad o de una empresa está obligada, por normativa, a incluir una preparación para la recarga de vehículos eléctricos. Esa preparación consiste, básicamente, en dejar los caminos de cables y protecciones listos para que cada usuario pueda conectar su cargador sin hacer nuevas obras.
Además, abordar esta instalación de forma colectiva y planificada sale mucho más económico que ir poniendo soluciones individuales una a una, porque se evitan duplicidades de materiales, daños en las paredes y problemas de potencia eléctrica. En pocas palabras, una reforma bien diseñada protege tu bolsillo hoy y revaloriza tu vivienda o tu negocio mañana.
Desde la perspectiva técnica, la clave está en dimensionar la instalación desde el primer momento para el escenario de máxima ocupación previsto, aunque la ejecución se realice por fases. Eso implica seleccionar un embarrado y protecciones principales que soporten la carga simultánea de al menos el 50 % de los puntos previstos, prever la instalación de filtros para corrientes diferenciales de tipo A o B según el cargador, y asegurar una correcta coordinación selectiva entre los dispositivos de protección.
También conviene incorporar en el proyecto un sistema de supervisión con protocolo de comunicaciones abierto (Modbus, OCPP) que permita integrar posteriormente la instalación en plataformas de gestión energética o en los sistemas de control de la finca. De este modo, el proyecto de reforma no solo cumple con la normativa actual, sino que queda preparado para las previsibles exigencias del futuro reglamento de puntos de recarga y la digitalización de las redes eléctricas.
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